La propuesta de Ley de Presupuesto 2025 en Italia introduce disposiciones que representan un desafío significativo para el derecho de obtención de ciudadanía italiana, particularmente para descendientes que recurren a la vía judicial para ejercer este derecho. Los artículos 105 y 106 del proyecto de ley elevan barreras económicas y procesales que no solo aumentan los costos judiciales, sino que también limitan el acceso equitativo a la justicia. A continuación, presento un análisis exhaustivo de los fundamentos legales y económicos de estas disposiciones, sus implicaciones para los solicitantes y su impacto en el sistema jurídico y presupuestario de Italia.
Contexto Histórico de la Ciudadanía Italiana y el Derecho Iure Sanguinis
El derecho a la ciudadanía italiana por iure sanguinis ha sido garantizado por la Ley de Ciudadanía de 1912, la cual reconoce que los descendientes de ciudadanos italianos, independientemente de su lugar de nacimiento, pueden reclamar la nacionalidad italiana. Este sistema ha preservado el vínculo entre Italia y millones de descendientes en el extranjero, permitiendo que se mantenga su identidad italiana a través de generaciones. Sin embargo, la presión sobre el sistema judicial y consular debido al aumento de solicitudes ha derivado en importantes demoras y en la necesidad de resolver muchos de estos trámites por vía judicial.
Disposiciones de los Artículos 105 y 106: Nuevas Barreras Económicas y Justificación Oficial
El Artículo 105 del proyecto de ley introduce el artículo 307-bis 76 en el Código de Procedimiento Civil, estableciendo que un proceso civil puede declararse extinto si no se paga o se paga parcialmente la contribución unificada. Esta disposición afecta todos los procesos judiciales, incluyendo los de ciudadanía italiana, y aplica la extinción del proceso si el solicitante no completa el pago en el plazo determinado.
Por su parte, el Artículo 106 eleva el contributo unificato a 600 euros para cada solicitante en procesos de ciudadanía, un aumento respecto a la tasa actual de 554 euros. Esto implica que, por ejemplo, una familia de cuatro personas deberá abonar un total de 2,400 euros solo en concepto de esta tasa, lo cual incrementa significativamente el costo del proceso judicial.
La justificación oficial del gobierno sostiene que estos aumentos son necesarios para equilibrar los recursos judiciales frente al volumen de solicitudes, argumentando que el contributo unificato es una medida de financiamiento esencial. Sin embargo, esta medida plantea problemas serios de discriminación económica, vulnerando derechos fundamentales de acceso a la justicia y a la ciudadanía.
Fundamentación Jurídica del Derecho al Acceso a la Justicia y Principio de Igualdad
Normativa Constitucional e Internacional
El acceso a la justicia es un derecho universal y un pilar fundamental del Estado de Derecho, tal como lo establece la Constitución Italiana y varios tratados internacionales. Entre las disposiciones legales relevantes encontramos:
- Artículo 24 de la Constitución Italiana: Este artículo establece que “todos pueden actuar en juicio para la defensa de sus derechos e intereses legítimos” y asegura medios de defensa para quienes no tienen recursos económicos suficientes. Este precepto garantiza que el acceso a la justicia sea igualitario y universal.
- Artículo 3 de la Constitución Italiana: El principio de igualdad ante la ley implica que el Estado debe remover cualquier obstáculo que limite la libertad e igualdad de los ciudadanos, incluyendo barreras económicas en el sistema judicial. La imposición de un contributo unificato de 600 euros, en este contexto, crea una barrera que contraviene este principio constitucional.
- Convención Europea de Derechos Humanos (CEDH), Artículo 6: Protege el derecho a un juicio justo y acceso equitativo a los tribunales, compromiso que Italia ha asumido como Estado miembro del Consejo de Europa.
- Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, Artículo 47: Consagra el derecho a la tutela judicial efectiva y a un tribunal imparcial, obligación que Italia debe respetar para garantizar la equidad procesal a todos sus ciudadanos.
La Corte Constitucional Italiana también ha emitido fallos en este sentido, declarando que los derechos fundamentales de los ciudadanos no deben estar condicionados por pagos económicos, y reafirmando que el acceso a la justicia es un derecho que no puede ser obstaculizado por barreras fiscales. Uno de los fallos recientes, en 2022, reiteró la ilegitimidad de normas que condicionen el acceso a la justicia, considerando que el derecho de los ciudadanos a defender sus derechos prevalece sobre los intereses fiscales del Estado.
Análisis Económico del Impacto en el PIB Italiano y Recaudación Fiscal
Desde una perspectiva económica, los ingresos adicionales generados por estas tasas son marginales en relación con el PIB y las finanzas públicas italianas. Basados en datos del tribunal de Venecia, el aumento del contributo unificato podría generar ingresos adicionales de aproximadamente 360 millones de euros anuales de forma directa. Sin embargo, esta cifra representa solo un 0.017% del PIB de Italia, estimado en 2.1 billones de euros. En otras palabras, el impacto en la economía es mínimo en términos de contribución al PIB.
Comparación con el Presupuesto Nacional y Otros Ingresos Indirectos
Italia destina presupuestos considerables a áreas como salud, educación e infraestructura, que superan en cientos de miles de millones de euros el monto recaudado por esta tasa. Los ingresos adicionales generados por el contributo unificato no representan un alivio significativo para el presupuesto y, por lo tanto, no justifican la carga impuesta a los solicitantes de ciudadanía.
Adicionalmente, el Estado italiano ya recauda ingresos indirectos de estos procesos, tales como:
- IVA (21%) sobre los costos judiciales.
- Cassa Forense (5%), la contribución destinada al colegio de abogados.
- IRES (24%), el impuesto corporativo aplicado a los ingresos de las firmas jurídicas que manejan estos casos.
Estos ingresos indirectos ya representan un flujo significativo para el Estado, sin contar con la contribución directa de los solicitantes de ciudadanía. De hecho, se estima que entre ingresos directos e indirectos, el Estado recauda actualmente alrededor de 132 millones de euros anuales solo de los procesos de ciudadanía.
Impacto Económico para los Solicitantes de Ciudadanía
Para las familias que buscan la ciudadanía a través de la vía judicial, este aumento representa una carga financiera considerable. Por ejemplo, una familia de cinco personas debe pagar ahora hasta 3,000 euros en tasas judiciales solamente, sin contar los costos de asesoría, traducciones y otros requisitos documentales. Esto convierte el proceso en un privilegio económico, excluyendo a solicitantes con menos recursos y limitando el acceso a un derecho que debería estar garantizado de manera equitativa.
Conclusión: El Acceso a la Justicia como Derecho Fundamental e Inalienable
La Ley de Presupuesto 2025 introduce barreras significativas para el acceso a la ciudadanía italiana por descendencia, un derecho que ha sido históricamente un pilar en la identidad de millones de italianos en el extranjero. Aunque esta medida genera ingresos adicionales, el impacto económico es marginal y no justifica el coste social que implica limitar un derecho fundamental basado en el principio de iure sanguinis.
Como abogada, magíster en Derecho Constitucional Italiano y MBA, considero que el acceso a la justicia debe estar garantizado como un derecho universal, no restringido por barreras económicas. La discriminación económica, junto con el condicionamiento del derecho a la ciudadanía, son riesgos graves que comprometen los principios de igualdad y equidad establecidos en la Constitución Italiana y en tratados internacionales.
Además, resulta alarmante observar cómo la opinión pública en la península italiana tiende a apoyar cada vez más las restricciones de ciudadanía por descendencia, lo que señala un cambio cultural y jurídico que representa una amenaza directa para la cohesión de la diáspora italiana y el reconocimiento de derechos fundamentales. Esta postura restrictiva va en contra del valor que la ciudadanía italiana representa para aquellos con raíces italianas en el extranjero, desconociendo el aporte y vínculo que estos descendientes tienen con su país de origen.
Es fundamental que el Estado italiano reconsidere estas medidas y busque alternativas más inclusivas que no obstaculicen el acceso a la justicia ni transformen la ciudadanía en un privilegio reservado para quienes tienen los medios económicos.
Con la esperanza de que estos artículos sean eliminados de la ley final de presupuesto 2025.
Antes de ser abogada, estuve en tu lugar. Obtuve mi ciudadanía italiana, y fue ahí que me enamoré del derecho internacional, más precisamente del Derecho constitucional italiano.
Ni bien me recibí cómo abogada en la UNLP, viajé a Bologna, Italia, a realizar un Magíster en diritti constituzionale e diritti-umani. En simultáneo, a día de hoy, junto a mi equipo profesional, ayudé a más de 10.000 personas a obtener su doble nacionalidad. La empresa se encuentra en constante crecimiento, tanto de infraestructura, cómo de equipo y siempre en la vanguardia tecnológica, garantizando al 100% los procesos de nuestros clientes.
A día de hoy me encuentro terminando mi tesis, pero sin abandonar ni un segundo lo que me hace felíz y me motiva cada día, abrirle las puertas al mundo a miles de personas.
