El juez de Torino cuestiona la Ley 74: el inicio del fin de una norma inconstitucional

Por Katherine Muñoz Tufro

El 25 de junio de 2025, el juez de Torino elevó al Tribunal Constitucional la cuestión de inconstitucionalidad de la Ley 74/2024. Esa decisión no solo fue una expresión de prudencia jurídica, sino también un acto de valentía institucional. Por primera vez desde la aprobación de la ley, un juez de la República Italiana asume formalmente lo que muchos advertimos desde el primer borrador: esta norma es incompatible con los principios fundamentales de la Constitución italiana y representa una amenaza directa a los derechos de millones de personas descendientes de italianos.

No es un hecho menor. No es un tecnicismo judicial. Es el principio del fin de una norma profundamente injusta.

Desde hace años, acompaño como abogada a miles de familias que buscan el reconocimiento de su ciudadanía italiana. En cada documento, en cada acta, en cada apellido escrito con tinta corrida o en papel de los años 1800, encuentro una historia de desarraigo y pertenencia. El Estado italiano no les concede nada: ellos ya son italianos. Solo estamos luchando por que se reconozca un derecho que siempre les perteneció.

Lo que dice la Ley 74 y por qué no se sostiene

La Ley 74 impone un límite de dos generaciones para transmitir la ciudadanía italiana por ius sanguinis. Además, exige que los descendientes sean inscriptos antes de cumplir los 18 años y, si no lo hacen, pierden el derecho. La ley también impide la recuperación retroactiva de la ciudadanía si el trámite no se inició oportunamente, aun cuando existiera derecho según la normativa vigente al momento del nacimiento.

Estas disposiciones contradicen lo que establece el artículo 1 de la Ley 91/1992, que es clara: “Es ciudadano por nacimiento el hijo de padre o madre italianos.” No habla de generaciones. No establece un plazo. No condiciona el derecho a trámites administrativos o inscripciones previas. Es un derecho originario que nace con la persona. No se adquiere: se hereda.

La audiencia del 24 y la idea de pueblo italiano

En la audiencia celebrada el mismo día que se conoció la ordenanza del juez de Torino, se expresó algo fundamental: el pueblo italiano no comienza con la República. Existe desde antes. Lo conforman quienes viven dentro del territorio, pero también quienes fueron obligados a dejarlo, quienes emigraron y quienes nacieron lejos de Italia, pero crecieron con su idioma, sus valores, sus nombres y su memoria. La ciudadanía italiana, en este contexto, no es una política migratoria: es el instrumento jurídico para reparar la continuidad de ese pueblo.

El juez de Torino no actuó en el vacío. En su decisión subyace esa misma idea: la ciudadanía no puede estar sujeta a criterios arbitrarios, porque su negación implica excluir a personas que son italianas de origen, por el simple hecho de haber nacido lejos, o de haber sido postergadas por años sin acceso a turnos o sin recursos para costear los procesos.

¿Qué artículos constitucionales se vulneran?

Desde mi análisis, y coincidiendo con lo planteado en la ordenanza, la Ley 74 viola al menos tres principios fundamentales de la Constitución italiana:

1. El principio de igualdad (art. 3): crea una diferencia injustificada entre ciudadanos nacidos en Italia y los nacidos fuera, aunque ambos sean hijos de italianos.
2. El derecho a la ciudadanía originaria (art. 1 de la Ley 91/1992): que establece el reconocimiento automático del hijo de italiano como ciudadano, sin condiciones.
3. El principio de irretroactividad (art. 11 de las disposiciones preliminares): al aplicar restricciones nuevas a hechos ya consolidados jurídicamente.

A esto se suma un elemento esencial: la ciudadanía no puede convertirse en una herramienta de exclusión. El legislador no puede redefinir el concepto de italianidad con fines de control migratorio ni de simplificación burocrática.

Lo que está en juego

Esta discusión no se trata únicamente de cuántas generaciones deben tener derecho o qué requisitos deben presentarse. Lo que se discute de fondo es si el Estado italiano puede redefinir a su antojo quién pertenece a su pueblo.

Si aceptamos que una ley pueda cortar el vínculo jurídico con los descendientes de italianos por razones de tiempo, dinero o número de generaciones, entonces también aceptamos que el Estado pueda negar lo que siempre fue un derecho.

Negar la ciudadanía a los hijos, nietos o bisnietos de italianos que no pudieron tramitarla a tiempo —a veces por negligencia estatal, por falta de información o por desigualdad social— es castigar a las víctimas, no a los responsables.

Y lo que es peor: es negar la historia. Porque detrás de cada juicio de ciudadanía hay un abuelo que cruzó el océano. Una abuela que enseñó italiano en la mesa del domingo. Una familia que preservó su origen con más fuerza que muchos que nunca salieron de la península.

El precedente de Torino

La ordenanza del juez de Torino no resuelve el fondo, pero obliga a que se resuelva. El Tribunal Constitucional ahora debe pronunciarse. Será una decisión con impacto global, porque hay millones de personas en América Latina, en Norteamérica, en Australia, en Europa, esperando que se les reconozca un derecho que el Estado italiano les debe.

Personalmente, seguiré presentando recursos, seguiré reclamando en los tribunales, seguiré acompañando a quienes, con razón, sienten que su historia no puede borrarse con una ley.

Este no es solo un debate legal. Es una cuestión de justicia, de memoria y de identidad.

La Ley 74 no resiste el análisis constitucional. Y mientras haya jueces valientes, como el de Torino, que se animen a decirlo, el derecho seguirá teniendo la última palabra.