Contexto jurídico y relevancia del fallo
El caso analizado por el Tribunal de Ancona involucra a dos ciudadanos argentinos, descendientes directos de un ciudadano italiano nacido en Osimo, provincia de Ancona, en 1921, quien emigró a Argentina sin adquirir otra nacionalidad. En la sentencia, el Tribunal confirmó que los demandantes tenían derecho a la ciudadanía italiana desde el momento mismo de su nacimiento, estableciendo con claridad la naturaleza automática del reconocimiento.
En su razonamiento, el juez Alessandro Di Tano destacó que la documentación presentada cumplía ampliamente con los requisitos legales, particularmente en lo referente a la prueba de no naturalización del antepasado italiano emigrado, fundamental en casos de ciudadanía iure sanguinis.
Importancia del concepto de derecho adquirido (diritto acquisito)
La sentencia profundiza en la idea de “derecho adquirido”, confirmando que la ciudadanía italiana, cuando se transmite por descendencia, no es una concesión estatal posterior sino un derecho que se posee desde el momento del nacimiento, siempre que se cumplan los supuestos legales previstos.
Este aspecto jurídico es crucial, pues consolida el principio según el cual el derecho a la ciudadanía italiana por descendencia directa se adquiere automáticamente y no requiere validación posterior por parte del Estado italiano, salvo en cuanto a su reconocimiento formal.
¿Puede un derecho adquirido ser afectado por una nueva ley o decreto?
Un punto especialmente relevante luego de este fallo es preguntarse: ¿podría una nueva normativa, ley o decreto afectar derechos de ciudadanía adquiridos previamente?
La respuesta, desde un punto de vista constitucional italiano, es claramente negativa. Un derecho adquirido, como el derecho automático a la ciudadanía iure sanguinis, se considera consolidado en la esfera jurídica del individuo desde el momento mismo en que se cumplen los requisitos exigidos por la ley vigente al tiempo del nacimiento.
Cualquier intento legislativo de modificar retroactivamente estos derechos, como podría suceder con las enmiendas contenidas en el reciente Decreto Ley 36 o en una eventual ley que se apruebe en el Parlamento italiano, debe considerarse jurídicamente inválido y contrario a principios constitucionales fundamentales, como el respeto a la seguridad jurídica, la certeza del derecho, y la protección efectiva de derechos individuales ya adquiridos.
Efectos prácticos y alcance jurisprudencial
El fallo de Ancona resulta especialmente significativo en un contexto en el que numerosos consulados italianos alrededor del mundo enfrentan grandes desafíos administrativos, generando demoras considerables en los procesos de reconocimiento de la ciudadanía italiana. De hecho, la propia sentencia reconoce la existencia de “una progresiva y sustancial parálisis” en los servicios consulares debido a la alta demanda y la limitada capacidad de atención.
La relevancia de este precedente radica en la firme confirmación judicial del derecho de los descendientes italianos a que se les reconozca rápidamente la ciudadanía, sin que factores administrativos afecten su derecho adquirido desde el nacimiento.
Conclusión crítica: La amenaza del Decreto Ley 36 y posibles nuevas restricciones legislativas
La sentencia del Tribunal Ordinario de Ancona del 9 de abril de 2025 fortalece el marco legal para quienes buscan la ciudadanía italiana por descendencia, estableciendo con claridad que este derecho es automático y debe reconocerse sin demoras innecesarias.
Sin embargo, el Decreto Ley 36 recientemente promulgado y las posibles nuevas leyes en proceso de aprobación por parte del Senado italiano generan preocupación e incertidumbre. Dichas normativas, al intentar limitar o condicionar el reconocimiento automático del derecho adquirido a la ciudadanía italiana, representan no solo un retroceso normativo, sino también un desafío constitucional directo a los principios básicos de seguridad jurídica y respeto a derechos fundamentales protegidos constitucionalmente.
Por lo tanto, resulta fundamental que el Poder Judicial continúe ejerciendo su rol esencial como garante último de los derechos adquiridos frente a cualquier intento legislativo que pretenda desconocerlos o limitarlos retroactivamente.
Antes de ser abogada, estuve en tu lugar. Obtuve mi ciudadanía italiana, y fue ahí que me enamoré del derecho internacional, más precisamente del Derecho constitucional italiano.
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