El Decreto Flussi 2023–2025 introdujo una novedad que merece atención: por primera vez, se reservaron cupos específicos para descendientes de italianos en Venezuela. Se trata de apenas 100 lugares anuales, de los cuales 10 se destinan a quienes deseen ejercer actividades como trabajadores autónomos y 90 a quienes se empleen en trabajo subordinado no estacional. Es un reconocimiento político a una comunidad históricamente relegada, que atraviesa además una crisis profunda y que guarda con Italia vínculos familiares, culturales y sociales de enorme intensidad. Sin embargo, la sola lectura de la cifra revela una verdad incómoda: frente a millones de descendientes, cien cupos no pasan de ser un gesto simbólico, más cercano a un alivio testimonial que a una política migratoria proporcional y estratégica.
Si tomamos el caso venezolano como punto de partida, el análisis se vuelve inevitable. En Venezuela se estima que viven entre 2 y 5 millones de descendientes de italianos. Las cifras son dispares porque la diáspora es múltiple, heterogénea y, en gran parte, invisibilizada en los registros oficiales. Pero aun si tomamos la proyección más conservadora, el resultado es evidente: 100 cupos frente a millones de personas equivalen a una política sin densidad real. La medida abre una puerta, pero demasiado estrecha para responder a la magnitud de la comunidad ni a las necesidades de Italia en materia de mano de obra.
Y aquí surge la comparación inevitable con nuestros países del Cono Sur. Argentina es el hogar de la comunidad italiana más grande fuera de Italia: aproximadamente 25 millones de descendientes, lo que equivale al 62 % de la población total. En Uruguay, los descendientes de italianos representan alrededor del 44 % de la población, superando el millón de personas. La paradoja es clara: mientras que en Venezuela se asignan cupos especiales, en Argentina y Uruguay la política es el silencio. Ningún lugar reservado, ninguna previsión diferenciada, ninguna medida que contemple la densidad real de comunidades que no solo son numéricamente más grandes, sino que históricamente han sido un puente económico, cultural y humano con Italia.
Si aplicáramos el mismo criterio que se utilizó para Venezuela, los números cambiarían drásticamente. A Argentina le corresponderían, al menos, 500 a 1.200 cupos anuales, y a Uruguay entre 20 y 50. Pero la cifra oficial es cero. El contraste resulta aún más grave si se considera que Italia reconoce, año tras año, su déficit de mano de obra en sectores estratégicos como la agricultura, la construcción, los cuidados y los servicios. ¿Qué sentido tiene negar cupos diferenciados a las comunidades que, además de aportar trabajadores calificados, llegan con una ventaja incomparable: la afinidad cultural, el idioma heredado, los lazos familiares y el sentido de pertenencia a la nación italiana?
La conclusión jurídica y política es inevitable: el Decreto Flussi, en su diseño actual, no responde ni a la realidad de la diáspora ni a las necesidades estructurales de Italia. Se queda a mitad de camino entre la retórica de reconocimiento y la inacción práctica. Y es aquí donde la comunidad italo-argentina y italo-uruguaya debe alzar la voz. No para confrontar con quienes lograron este avance en Venezuela, sino para reclamar que el mismo criterio se extienda con proporcionalidad a todos los países del Cono Sur. Porque si el Estado italiano ya reconoció la posibilidad de cupos especiales para oriundos, no existe impedimento jurídico para que esa herramienta se amplíe, más aún en contextos donde la diáspora es masiva y el mercado laboral italiano necesita urgentemente nuevos brazos y nuevas mentes.
Ahora bien, frente a esta limitación política, no todo está perdido. La vía judicial en Italia sigue siendo el camino más sólido y digno para los descendientes de argentinos y uruguayos que buscan ejercer su derecho. El inicio de una acción judicial no solo permite encauzar la pretensión de ciudadanía ante los tribunales, sino que abre la puerta a solicitar de inmediato un permesso di soggiorno per attesa cittadinanza. Ese permiso habilita la residencia regular en Italia desde el comienzo del proceso, con acceso al sistema de salud nacional y al mercado laboral. Es decir, el descendiente puede mudarse a Italia en cuestión de meses, vivir con derechos básicos garantizados y trabajar legalmente mientras espera la sentencia definitiva. A diferencia del Decreto Flussi, la vía judicial no conoce de cupos, ni de decisiones administrativas discrecionales, ni de gestos políticos limitados: es un camino jurídico seguro, sustentado en el principio constitucional de reparación histórica que subyace al derecho de ciudadanía.
Por eso, más que resignarse a la escasez de cupos o a la falta de previsión para Argentina y Uruguay, lo que corresponde es ejercer los derechos por vía judicial y, al mismo tiempo, reclamar con firmeza una política migratoria más justa y proporcional. Italia necesita trabajadores, y la diáspora del Cono Sur está lista para responder. El Decreto Flussi para Venezuela demostró que es posible legislar de manera diferenciada. El próximo paso es ampliar esa previsión a todos los países donde la comunidad italo-descendiente es numerosa, activa y profundamente vinculada a Italia.
La ciudadanía italiana no es un privilegio ni un favor político: es un derecho histórico que se transmite por sangre, y que, al ser ejercido, fortalece tanto al individuo como al Estado italiano. El desafío es claro: transformar cupos simbólicos en políticas reales, y gestos aislados en estrategias sostenibles. Mientras tanto, la vía judicial sigue siendo el camino más eficaz, no solo para obtener el reconocimiento definitivo de la ciudadanía, sino para acceder desde el inicio a una residencia regular, al trabajo y a la salud en Italia. En esa intersección entre derecho y oportunidad está el futuro de miles de argentinos y uruguayos que, con razón, esperan mucho más que 100 cupos simbólicos.
Antes de ser abogada, estuve en tu lugar. Obtuve mi ciudadanía italiana, y fue ahí que me enamoré del derecho internacional, más precisamente del Derecho constitucional italiano.
Ni bien me recibí cómo abogada en la UNLP, viajé a Bologna, Italia, a realizar un Magíster en diritti constituzionale e diritti-umani. En simultáneo, a día de hoy, junto a mi equipo profesional, ayudé a más de 10.000 personas a obtener su doble nacionalidad. La empresa se encuentra en constante crecimiento, tanto de infraestructura, cómo de equipo y siempre en la vanguardia tecnológica, garantizando al 100% los procesos de nuestros clientes.
A día de hoy me encuentro terminando mi tesis, pero sin abandonar ni un segundo lo que me hace felíz y me motiva cada día, abrirle las puertas al mundo a miles de personas.
